El estado de excepción se mantiene vigente desde el año 2022.

Este miércoles, varias organizaciones expresaron su inquietud acerca de la detención arbitraria de Fidel Zavala, representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) y quien ha reportado a la Fiscalía casos de tortura en las prisiones.

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«Fidel es defensor de derechos humanos y vocero de Unidehc, quien además ha denunciado diversos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales dentro de al menos dos centros penitenciarios de El Salvador», indicó en un comunicado la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que reúne a diversas entidades humanitarias.

Afirmó que «estos hechos ocurridos en el marco del régimen de excepción fueron puestos en conocimiento de la fiscalía general de la República (FGR); a la fecha no se conocen avances sobre la investigación» de lo que denunció Zavala después de ser liberado tras 13 meses en prisión.   

En cuanto a la organización Cristosal, solicitó a las autoridades que «eviten colocarlo bajo la custodia de los funcionarios que él mismo ha denunciado como responsables de torturas y muertes de personas privadas de libertad». 

Estas entidades también expresaron su inquietud ante la detención de los líderes comunitarios Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas, integrantes de la comunidad La Floresta, que está afrontando un proceso de desahucio.  

También el martes, los dirigentes de la comunidad José Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco fueron arrestados, «quienes también denunciaron las irregularidades cometidas» por la Policía ante la Fiscalía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en colaboración con Zavala.

Cristosal resaltó que Unidehc «otorga protección penal en situaciones de arrestos arbitrarios realizados durante el régimen de excepción», que se mantiene vigente en el país desde marzo de 2022 y que interfiere con derechos constitucionales.

Más de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos han sido recibidas por varias organizaciones humanitarias, principalmente por arrestos injustificados y torturas, y reportan más de 300 fallecimientos de prisioneros bajo custodia estatal, la mayoría con indicios de violencia.

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